La batalla del obispo de Mallorca contra las monjas para conseguir la propiedad de un convento

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, prosigue en su batalla contra las monjas jerónimas por la propiedad del Monasterio de Santa Isabel, en el centro histórico de Palma, y recurrirá la sentencia judicial que declara que las religiosas son las propietarias de este convento de inmenso valor patrimonial, que cerró sus puertas em 2015 debido a la avanzada edad de las cinco religiosas que quedaban y la imposibilidad de seguir manteniendo el complejo de origen medieval.

Las goteras, la inundación de la iglesia y las fisuras en los muros hacían que las condiciones de habitabilidad fueran más que dudosas. La Diócesis, con el obispo Taltavull al frente, batalla desde entonces contra las monjas para quedarse con el convento.

La sentencia, conocida este miércoles del Juzgado de primera Instancia de Palma, estima íntegramente la demanda interpuesta por las religiosas contra el Obispado de Mallorca, al que se le imponen las costas del procedimiento. Reconoce que las monjas son las dueñas de este monasterio «por haber adquirido su dominio mediante la posesión inmemorial, durante el transcurso de más de 30 años», concretamente durante siete siglos.

Tras conocerse la resolución contra el obispo Taltavull, las monjas y el Obispado han proseguido la batalla mediante el cruce de comunicados y el primero de ellos ha sido emitido este miércoles por las religiosas: «Damos gracias al Señor de que la firme defensa de las religiosas jerónimas de sus derechos históricos y patrimoniales, de lo que es su Monasterio, desde 1485 y sin interferencia alguna que pudiera suponer la existencia de otros derechos que los exclusivamente son de las jerónimas, haya dado sus frutos, pese las enormes dificultades que nos ha presentado el oponente», que es el Obispado de Mallorca.

El convento, denominado de las Monjas Jerónimas, es un edificio medieval ubicado en la calle Porta del Mar, 1, en Palma, y comprende una superficie construida de 6.418 metros cuadrados.

Ante la sentencia puede interponerse recurso de apelación, que deberá presentarse en el Juzgado en el plazo de 20 días y el Obispado ya se ha apresurado a anunciar que así lo hará.

El Obispado, por su parte, afirma en un comunicado que «reitera su total respeto a las decisiones judiciales pero manifiesta su disconformidad con la sentencia, contra la cual tiene intención de interponer recurso de apelación».

Asimismo, el Obispado «quiere recordar cuál ha sido y sigue siendo su voluntad en todo momento, que no es otra, tal como el obispo Sebastià Taltavull ha reiterado en numerosas ocasiones, que la de retornar la vida religiosa al Monasterio de Santa Isabel, de Palma».

Para lograr este objetivo, desde el Obispado se vienen realizando gestiones concretas para devolverle el uso para el cual fue construido y que sea definitivamente habitado por una comunidad monástica, como se ha hecho en otros inmuebles y antiguos conventos de la Diócesis.

Las monjas jerónimas iniciaron su batalla contra el Obispado el mismo día en que las últimas cinco religiosas abandonaron el monasterio que había sido su casa durante siete siglos para unirse a sus compañeras de Inca.

Hubo una misa de despedida presidida por el entonces obispo de Mallorca Javier Salinas. Justo después del cierre del convento, la orden religiosa y el Obispado se enfrentaron para ver quién se quedaba las llaves. La jerónimas llevaron el tema a los juzgados.

En el conflicto intervino pronto el Consell de Mallorca, cuyo presidente de entonces era Miquel Ensenyat. «Entendemos que la propiedad es de las religiosas, pero lo tiene que determinar un juez», señaló Ensenyat tras recibir a la  comitiva de las religiosas para actuar de mediador y como máximo responsable de Patrimonio.

El traslado de obras de arte

Pero la propiedad del convento no es el único frente abierto de las jerónimas en Palma. El segundo empezó con el intento de traslado por parte de las religiosas de más de 800 piezas, muebles y obras de arte, al monasterio de Inca donde, aseguraban que tendrían mejores condiciones de conservación. Inicialmente intentaron realizar el traslado de estas piezas sin formalizar ningún trámite administrativo y aparcando los camiones de mudanzas a la puerta del templo. El Obispado consideró que lo que se hacía era un expolio y paralizó la salida de las piezas. Tuvo que intervenir el Consell de Mallorca, dado que Sant Jeroni está catalogado como Bien de Interés Cultural.

La orden inició entonces los trámites para legalizar el traslado y obtuvo el beneplácito de la comisión de Patrimonio. La mudanza afectó a 118 obras pictóricas de pequeño formato, medio centenar de frontales de altar fechados desde el siglo XV o 650 ornamentos textiles, muchos de los cuales se guardaban en la sacristía, la parte peor conservada del convento. Es menos de una tercera parte del tesoro patrimonial que guarda Sant Jeroni y que continúa degradándose a la espera de que su futuro se dirima de forma definitiva por la Justicia.

De momento, Sant Jeroni sigue su paulatino deterioro vacío y cerrado a cal y canto. Hubo un proyecto frustrado para que el monasterio fuera gestionado por Amadip, una asociación para la integración de personas con discapacidad. La idea era crear un centro cultural que contaría con hospedería, restaurante y museo, y que permitiría el retorno de las religiosas y la continuación de la actividad eclesiástica de la iglesia.

Se contemplaba también la recuperación de los huertos del monasterio y una plantilla integrada por personas con discapacidad intelectual. Una «función social» que alababan tanto las jerónimas como el Consell pero no así el Obispado de Mallorca.